Explotación sin reserva

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Alberto Spiller/La Gaceta UDG

La mina Peña Colorada continúa siendo explotada, mientras las comunidades y los responsables de la Reserva de la Biósfera ven con impotencia la contaminación que produce.
 
La Biosfera de Manantlán no es solamente una de las reservas naturales más importantes de Jalisco y de México por la biodiversidad con que cuenta, sino también territorio de comunidades nahuas y una zona atractiva para diferentes multinacionales mineras, por su riqueza de recursos minerales.
“Existe una gran presión alrededor de la reserva de parte de empresas extranjeras –la mayoría chinas–, por los recursos minerales, pero en contra de los recursos naturales”, explicó el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, jefe del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur).
El caso más flagrante es el de la mina Peña Colorada, de la que desde 1968 extraen hierro. Se encuentra al interior de la zona de amortiguamiento de la biosfera y ocupa parte del territorio del ejido de Ayotitlán, perteneciente a una comunidad indígena nahua.
El también director del Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad (Imecbio), dijo que “la Secretaría de Economía tiene concesionadas cerca de siete mil hectáreas de la comunidad para uso minero, pero el gobierno federal es dueño del subsuelo donde se dieron las concesiones, pero de la parte superficial los dueños son los ejidatarios, por lo que se necesitan sus autorizaciones para el aprovechamiento”.
En cambio –agrega–, las empresas mineras “van y se meten con un permiso de exploración, y empiezan a extraer material, abusando de la comunidad, a veces por desconocimiento y a veces porque los engañan”.
En el caso de la mina Peña Colorada, “hemos constatado que no tienen la autorización para los aprovechamientos por parte de las autoridades ambientales”. No obstante, la zona de extracción se encuentra en los márgenes de la reserva natural, donde “la minera tiene aún más restricciones, porque es una actividad muy destructiva, dado que el medio ambiente no se recupera, porque la vegetación ya no va a crecer, además de que tapan y contaminan arroyos. Esto porque los desechos tienen muchos metales tóxicos y pesados que las plantas no toleran”.
“La mina Peña Colorada tiene muchos años trabajando. Es una mina importante por los recursos que genera. A las mismas autoridades les tiembla la mano para sancionarlas, por la fuerza política y económica que mueve”.

Lucha por el territorio

Lo ambiental es sólo una de las afectaciones que la mina, que desde 2002 es propiedad al 50 por ciento de las transnacionales Ternium y MetalSteel, está dañando en Ayotitlán.
“En 1998, un comisariado hizo un contrato de renta de 401 hectáreas a la minera, para depositar los desechos de la mina. Un contrato amañado que no cumplía con las normas, porque nos dieron un millón y medio de los antiguos pesos para 30 años, y sin manifestaciones de impacto ambiental”, dijo Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores de la comunidad.
Por eso, en 2008, el consejo entrante comenzó la revisión del contrato y, con la asesoría legal de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI), lograron en 2010 un nuevo acuerdo que considera, a partir de 2011, un pago en una sola entrega de 3 millones de pesos, más 7 millones anuales por 10 años.
El contrato establece –además– que “la minera cumpla con las manifestaciones de impacto ambiental y con los apoyos para desarrollo social que se comprometió a realizar, como reparación de caminos, becas para jóvenes e impulsar proyectos productivos”, explica Mancilla.
Hay otro territorio en disputa entre la comunidad y la minera. Se trata de 192 hectáreas, en las que se están realizando excavaciones, y que Ayotitlán reivindica como propias.
“Se metieron a trabajar el mineral en una zona que está todavía en litigio, que ellos dicen que pertenece a Colima, pero nosotros tenemos los títulos y los documentos que certifican que este territorio es del ejido”, afirma el representante indígena.
Como explica Jaime Hernández, responsable de la línea Justicia y Autonomía de la UACI, “el límite de Ayotitlán coincide con la frontera entre Jalisco y Colima, y esta situación de indefinición las empresas la han aprovechado conscientemente desde que inició la explotación minera”.
El abogado, que está asesorando a la comunidad en varios litigios para que se le reconozcan sus territorios, agrega que “en el caso de las 192 hectáreas, que es donde está la explotación principal de la mina, existe una indefinición jurídica y hay una serie de acciones que están afectando al núcleo agrario, tanto en sus tierras como en montes y aguas”.
Ahora la comunidad está todavía esperando que se le pague por entero la nueva indemnización acordada el año pasado: “hasta ahora nos dieron solamente 6 millones de pesos. El resto lo están supeditando a que le rentemos otras 800 hectáreas para que tiren sus desechos. Pero, antes que nos paguen, luego que cumplan con las normas ambientales y luego la comunidad tomará una decisión”.
 

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